20 000 historias en espera

Por María Esther Abissi

DÍA 1: 1 de febrero de 2009

Sara Estrada inició el proceso para regular su situación migratoria en Costa Rica en el 2009.

Tenía seis años trabajando para una multinacional distribuidora de licores, en Venezuela, cuando le ofrecieron la oportunidad de cambiar de escenario: podía ejercer su cargo, una alta gerencia de mercadeo a nivel latinoamericano, en el país donde su esposo (un inversionista venezolano) tenía ya más de un año viviendo.

El 1 de febrero del año 2009 se reunió con los abogados de la empresa y comenzó el trámite migratorio que, sin saberlo, la tendría separada de su familia por más de un año.

La población migrante en números

La mayoría de los migrantes que viven en Costa Rica son mujeres, personas que tienen algún tipo de estudios y representan el 12% de la población trabajadora.

GRÁFICO:https://goo.gl/pRs83K

Sara se convertiría así en un número más de las 200 solicitudes que ingresan diariamente a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, y su expediente, como ejecutiva de empresa, quedaría rezagado por cinco largos meses como otro de los miles de documentos atrasados que posee el Departamento de Extranjería. Hoy, el número asciende a más de 10.000.

Inmigrantes representan el 12% de la población ocupada del país

205.182 personas inmigrantes destacan en el país como población ocupada, es decir que más de la mitad de los extranjeros en Costa Rica desarrollan labores productivas.

Entre los principales trabajos no calificados de la población inmigrante destacan el sector de la construcción y la agricultura. (Fuente CEPAL, 2008)

DÍA 188: 28 de julio de 2009

La solicitud de Sara entró como el resto de las solicitudes en una de las seis ventanillas que ocupan los 12 funcionarios de Migración y quienes solo tienen capacidad para atender 15 citas por día.

Este departamento, del que dependen una serie de actividades productivas, se ahoga entre papeles (20.000 expedientes por notificar y otros miles por archivar) y está urgido de personal, a saber, a 600 funcionarios más, en promedio, según indicó el Ministerio de Hacienda.

«Nosotros no podemos resolver en nuestros plazos, se nos hace materialmente imposible», afirmó Yamileth Mora Campos, gestora de migraciones, quien reconoce que el cumplimiento de los plazos en las solicitudes pueden demorar en el mejor de los casos desde tres meses hasta más de un año.

¿Se cumplen los plazos estipulados por ley?

DÍA 325: 10 de diciembre de 2009

Durante cinco meses, Sara esperó para que le fuera asignado un número de expediente y mientras tanto, se le negaban otro tipo de beneficios en el país, como abrir una cuenta bancaria, obtener un crédito y otros servicios por no contar con un estatus migratorio.

Otros miles de expedientes de trabajadores están en la misma situación que además, afecta la competitividad laboral y la rentabilidad de las empresas, no solo multinacionales, sino también de muchas otras compañías cuyas labores dependen indispensablemente de personal extranjero.

Países de procedencia de la población inmigrante

En Costa Rica viven 385.899 personas inmigrantes según el último censo realizado en el país, en el año 2011.

José Salas, asesor de talento humano de la Cámara de Industrias de Costa Rica, asegura que a nivel operativo, sobre todo en el sector agroindustrial, es indispensable contratar personal de forma ágil porque el sector se nutre principalmente de personal extranjero, y no solo por la necesidad de cumplir con los tiempos previstos, sino también porque “la tardanza en los procesos da pie a la informalidad”.

Para Randall Murillo, director de la Cámara Costarricense de la Construcción, resulta contradictorio que se necesite personal para las obras, que lo tengan disponible, pero que no puedan contratarlos. “Pocos son los trabajadores que logran obtener el beneficio de la legalidad. Entre 22% y 25% de nuestros trabajadores son nicaragüenses y en su mayoría, el resto también son inmigrantes. La industria es un demandante alto de mano de obra extranjera”, afirmó.

DÍA 373: 16 de febrero de 2010

Entre tanto, el tiempo transcurría y el expediente de Sara seguía sin resolución ni una notificación por parte de Migración, incluso, el trámite resultó aún más largo ya que su profesión no es una de las sugeridas por el Ministerio del Trabajo, por lo que la empresa debió probar ante esta cartera que ningún nacional podía realizar el trabajo que ella ejecutaba.

«Cuando una empresa no está reconocida entra a consulta al Ministerio de Trabajo por lo que necesariamente debe justificar por qué se está contratando personal extranjero y esta debe cumplir con un número determinado de p ersonal inmigrante», aclara Raymundo Macís, CEO de Costa Rica Relocation, firma que ha reubicado a más de 3.500 ejecutivos de empresas e inversionistas y rentistas en los últimos siete años.

 

Por casos como el de Sara, Macís asegura que el problema no solo involucra a Migración, sino también al Estado y al país en general, pues estos atrasos le restan atractivo y competitividad a la economía nacional.

DÍA 402: 15 de marzo de 2010

Cinco meses después, 10 meses de haber iniciado el proceso, a Sara le fue asignado un número de expediente para regularizar su condición migratoria.

Esto ocurrió luego de que la persona que la atendió en la ventanilla y que le recibió su documentación, foliara a mano todos los documentos presentados y por orden cronológico, y pasara la documentación a un sistema de expediente en línea, que ahora se ha convertido en un documento Excel, dado que el sistema quedó obsoleto hace 20 años atrás.

Sin embargo, su caso aún no tenía resolución. Al igual que ella, hoy miles de trabajadores, e inmigrantes de todas las categorías esperan que una persona dentro del archivo de Migración incluya su expediente entre los 10.000 pendientes y luego que la única persona que notifica, saque la suya entre las 20.000 solicitudes, para que le sea notificada la resolución de su caso.

«Cada expediente es una vida, es un ser humano y detrás de esto hay toda una historia», reconoce Mora.

Sin embargo, se plantean algunas soluciones para mejorar no solo los procesos, sino también la competitividad de las empresas.

“Una solución sería la segmentación de la población inmigrante que requiere este tipo de procesos. En los casos de los trabajadores que vienen por temporadas, a recoger café, a construir o a cortar caña, por ejemplo, las tramitologías tienen que ser prácticas y ojalá de bajo costo»,propone Johnny Ruiz, jefe del departamento de Migraciones Laborales, del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica.

Por su parte, dos meses después de recibir el número de expediente y un año de haber iniciado el trámite, Sara logró finalmente la resolución de su caso. Sin embargo, tuvo que esperar tres meses más para obtener una cita para solicitar su cédula de residencia y luego, 15 días más para recibirla.

Para Raymundo Macís, un gran aporte al desarrollo de la institución y del país sería la aplicación de un sistema automatizado de gestiones de residencia en línea, al que podrían acceder los ejecutivos. Esto no solo facilitaría los procesos de las empresas, mejorando la productividad sino que también ahorraría costos a la administración pública ya que, según Hacienda, la situación que prevalece en la institución es un reflejo de la condición general en la que se encuentran una gran cantidad de instituciones públicas, que dependen netamente del presupuesto nacional.

Para la Cámara de Industrias, es imperante que los problemas de la migración laboral sean resueltos, ya que según el gremio “los inmigrantes aportan innovación”.

“Los ejecutivos extranjeros, como mexicanos, colombianos, venezolanos y norteamericanos brindan sentido de innovación, sobre todo en temas de tecnologías, metalmecánica y otras profesiones mucho más recientes”, aseguró José Salas.

A pesar de que Migración posee un oficial de simplificación de trámites – la ministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada– la tramitomanía y, en general, el proceso migratorio, sigue siendo largo y tedioso.

Carlos Mora, viceministro de Economía, Industria y Comercio, asegura que por el momento “no cuentan con una preocupación específica del sector”, pese a que expresamente en la guía metodológica para elaborar planes de mejora regulatoria se establece que el cumplimiento de los tiempos de resolución es uno de los criterios principales a valorar cuando se requiera hacer una mejora, algo que en Migración es claro.

Proyecto publicado en El Financiero

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