Por: Jose Pablo Román
Proyecto publicado.
Mientras el crimen organizado dispone de millonarios recursos para la trata de personas, las autoridades que combaten este crimen luchan contra la burocracia y la lentitud
Sofía se quitó los tacones para seguir el camino. El frío lo sentía como navajas en sus pies. No tuvo tiempo de asombrarse del paisaje que nevaba; tenía que huir de Canadá y ver cómo regresar a Costa Rica, su país de origen. Atrás quedaba Fernando, en parte culpable por pagar por sus servicios sabiendo que ella era esclava sexual y en parte nuevo aliado por contactarla con alguien que la iba a ayudar a salir.
Chang Li, de 18 años, despertaba todas las mañanas sobre cajas de refresco y una esponja en un cuarto que además servía de bodega de un supermercado, mientras su tío dormía en una cómoda habitación. Li no tenía otra opción: trabajaba extensas jornadas laborales, sin salario, sin ningún tipo de derecho laboral y con suerte comía.
Marta vivía en Nicaragua y quedó huérfana a los 15 años. Cuando una pareja ofreció hacerse cargo de ella, Marta no tenía sospechas de que iba a convertirse en la fuente principal de ingreso de la familia: una parte de su jornada iba a ser vendida para ser explotada sexualmente; la otra iba a ser sirvienta. Sin salario y sin derecho a nada. Fue trasladada en varias ocasiones a Jacó y Alajuela, en donde también fue explotada y golpeada.
Los nombres de las víctimas fueron cambiados con el fin de resguardar su seguridad. Las historias de Marta y Chang fueron facilitadas por la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt). Sofía, en cambio, es un caso encontrado por la investigación del reportaje y la entrevista fue en persona.
Las tres historias tienen algo en común: Costa Rica es escenario de operación del crimen organizado para la trata de personas, delito considerado como la esclavitud del siglo XXI.
Del 2010 al 2017 el país registró a 162 víctimas, según información del Equipo de Repuesta Inmediata (ERI), ente creado en la Ley 9590 y encargado de proteger y darles atención a las víctimas de trata identificadas.
No obstante, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) calcula que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar, lo que nos daría una cifra cercana a 3.240 casos en Costa Rica desde el 2010.
«Yo creo que, si bien en los últimos años se han hecho algunos esfuerzos, todavía el país no le está dando la importancia y la seriedad que tiene un delito de esta naturaleza y que es un problema que va en aumento», señaló Sandra Piszk, diputada miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Lo que se ha hecho en el país para combatir este delito es una mezcla de buenas intenciones, logros que especialistas aplauden, pero sobre todo muchas deficiencias que hacen de Costa Rica un lugar idóneo para el desarrollo de la trata y tráfico de personas.
El más reciente Informe Trata de Personas de la Embajada de Estados Unidos señala que «el Gobierno de Costa Rica no cumple plenamente con las normas mínimas para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo».
Fondo millonario lucha por ser utilizado
Mientras la trata de personas sigue tejiendo su red mundial, y se coloca entre las tres actividades más lucrativas del crimen organizado junto al tráfico de drogas y de armas, en Costa Rica las acciones para atender este delito se han enredado en varios nudos, uno de ellos burocrático.
El Fondo Nacional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Fonatt), manejado por medio de un fideicomiso operativo con el Banco de Costa Rica, acumula un superávit de ȼ2.561 millones, según cifras brindadas por la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).
En otras palabras, hay ȼ2.561 millones que pudieron utilizarse para combatir este mal y simplemente están engavetados desde que se creó el Fonatt en el 2013 con la publicación de la Ley 9095 Contra la Trata de Personas y la creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt).
En el 2015, el Ministerio de Hacienda presupuestó ȼ390 millones a la Junta Administrativa para que se financiaran los proyectos que aspiraran a combatir la trata, con base en recursos disponibles en el Fondo. La ejecución de ese dinero no llegó ni al 1% de lo presupuestado. La mayor parte de ese porcentaje fue destinado a la compra de equipo de comunicación y el pago de impuestos.
En el 2016 la ejecución aumentó; sin embargo, solo llegó al 30%, así lo muestran datos obtenidos por medio de Piszk y confirmados por el BCR.
Por su parte, la Junta Administrativa maneja otros porcentajes: según su versión, en el 2015 la ejecución alcanzó 11,42% y en el 2016 48,46%.
La discrepancia en los porcentajes se da porque una vez que la Junta aprueba el presupuesto de un proyecto ya lo da por ejecutado sin tener en cuenta si el dinero efectivamente se va a gastar o va a volver a las arcas del Estado. Mientras que el BCR (encargado de pagar los proyectos) solo tiene en cuenta los trabajos concluidos.
«Una cosa es ejecución totalmente pagada y otra es la ejecución en proceso, compromiso y gestión», señaló Olga Vega, el Enlace Institucional entre la DGME y el BCR.
Cuando el dinero no logra ejecutarse regresa al Fondo y pasa al superávit; no obstante, el uso del recurso queda restringido exclusivamente a compra de bienes, por lo cual pierde gran parte de los objetivos establecidos por la Ley 9095.
«Del superávit no se puede invertir en capacitación o atención de víctimas… es dinero que dejamos de tener para uso de diferentes proyectos», comentó Sandra Chaves, coordinadora de la Conatt.
Unir las piezas del rompecabezas burocrático e incluso entender la figura de fidecomiso operativo son las principales trabas que dejan el dinero atrapado en las arcas del Estado.
Cuando se creó el fideicomiso operativo las autoridades no entendían cómo funcionaba: ni la Junta Administrativa de Migración, ni las 22 instituciones que integran la Conatt, ni el mismo BCR, según quedó registrado en una reunión entre representantes del banco y varios diputados de la Comisión de Derechos Humanos (Acta de la sesión ordinaria N°6 del Miércoles 17 de agosto del 2016).
«El crimen organizado puede ejecutar su dinero en el momento que quiera. Nosotros tenemos que planificar, pedir y cumplir con todos los requisitos», ilustró Elizabeth Ballestero, de la gerencia técnica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
«La figura del fideicomiso no es ágil. Nosotros como Organización Internacional para las Migraciones (OIM) quizá no hubiéramos recomendado un fideicomiso, sino que los fondos entraran en una unidad contra la trata», analizó Águeda Marín, Especialista Regional Senior en Asistencia a Migrantes Oficina Regional de la OIM.
Por otra parte, Sandra Chaves de la Conatt y la Junta Administrativa se muestran optimistas al asegurar que la ejecución del fideicomiso ha sido un proceso de aprendizaje que hoy en día les permite agilizar la obtención del fondo.
«Actualmente el fideicomiso funciona. Yo estoy muy contenta. Ya tenemos una mejor estructura y el procedimiento más claro», argumentó Chaves.
Según información suministrada por el BCR, de los ȼ1.500 millones presupuestados para el 2017, ya se logró ejecutar el 49% a julio de este año, aunque para abril solo contaban con el 8,32% completado.
La complejidad y las múltiples formas de operar de los tratantes hacen que prevenir y combatir el delito vaya mucho más allá que un presupuesto no ejecutado.
El tío de Chang Li lo llevaba a los paseos de la familia instalada en Costa Rica y lo ponía a servirles y cuidar los carros. No le parecía extraño; tres años atrás su tío le había ofrecido sacarlo de Guangdong, una ciudad pobre en China, con la condición de que adquiría una deuda de $25.000 por los gastos de su traslado. Debía de pagarlos trabajando.
Su tío siempre llevaba una agenda en donde apuntaba las horas que trabajaba para descontárselas de la deuda. Li creyó que ese registro existía, pero no era así.
«Ninguno de los crímenes organizados es tan dañino y lesivo como la trata: daña psicológicamente y en lo más profundo a la persona, le quita la dignidad humana, que es el núcleo de los derechos humanos, porque pasa de ser una persona a una cosa», manifestó Mónica Sancho investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM).
Un esclavismo viejo, pero desconocido
Según diversas fuentes consultadas, Costa Rica es un país de tránsito, destino y origen para el delito de trata de personas, por su ubicación geográfica, su atractivo turístico, su nivel de ingreso (comparado con naciones vecinas) y por ser un polo de atracción migratoria de norte a sur.
Los flujos de víctimas halladas en el país van desde países vecinos hasta africanos y en casi todo el territorio costarricense se han encontrado casos.
Marta fue tratada en Nicaragua y trasladada en varias ocasiones de forma ilegal a Jacó. Cuando trató de escapar la llevaron a Nicaragua y la encerraron y golpearon, incluso estando embarazada, durante tres meses, como método de extorsión para que no lo volviera a hacer.
Li siempre estaba vigilado. Lo más lejos que podía llegar de su trabajo era la acera del frente para fumarse un cigarrillo. Una cliente lo veía siempre con la misma ropa y trabajando. Cuando alertó a las autoridades, su tío sospechó y se lo llevó a trabajar a otra provincia.
Las múltiples y complejas formas de operar de los tratantes complican la labor de las autoridades para identificar el delito.
El Informe de la Embajada de Estados Unidos señala que a pesar de que el cumplimiento de la Ley Contra la Trata ha mejorado, Costa Rica muestra esfuerzos limitados para perseguir y condenar a los traficantes.
En el 2015, La Nación publicó que desde el 2009 que se tipificó la trata como delito solo se produjeron ocho sentencias a partir de las 127 víctimas reconocidas.
Casi dos años después de esa publicación, el número de sentencias sigue siendo el mismo pese a que el número de víctimas subió a 162, según información brindada por la Conatt.
«Creo que si no subimos en sentencias y no subimos en investigaciones, estamos haciendo poco a pesar de tantos esfuerzos que hay. No es posible que tengamos una fiscalía especializada y que tengamos el delito tipificado y que no podamos llevar sentencias a cabo», mencionó Chaves.
Los diversos fines de la trata de personas, la falta de capacitación de los funcionarios, la similitud con otros delitos como el proxenetismo y el desconocimiento de la población costarricense sobre el fenómeno –lo cual hace que no denuncien– son algunos de los aspectos que dificultan su identificación y juzgamiento del delito por parte de la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (Factra).
«Existe mucha ignorancia sobre el tipo penal del fenómeno. Si usted no conoce al enemigo y no sabe cómo opera, difícilmente se va a poder combatir de manera eficiente y eficaz», expresó Javier Valerio, de la Factra.
El problema viene desde la formación de los nuevos abogados. «Los catedráticos de derecho dejamos de estudiar el tema de esclavitud. Mientras tanto las personas tratantes evolucionaron y se diversificaron», comentó Mónica Sancho, del CIEM y abogada.
Por otro lado, Águeda Marín, Especialista Regional de la OIM, considera que Costa Rica logró concretar importantes avances para combatir la trata en comparación con otros países de la región.
La creación de la Conatt, contar con un fondo destinado a este delito, pese a los obstáculos por utilizarlo, la creación del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) y la relación que han mantenido con organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), son algunos de los aciertos que según la especialista representan puntos positivos.
«En el 2002, cuando yo me acercaba a algunas autoridades estatales u organizaciones (incrédulos de la existencia del delito de trata) me decían: ‘¿De qué estás hablando?’ Esto sucede en Asia, no en Costa Rica», relató Águeda Marín.
Tratantes: enemigos invisibles
«Yo lloraba por el pasaporte, yo decía ¿Cómo me voy? ¿Cómo agarro un avión? Si no tenía ni un cinco en mis manos», relató Sofía con el deseo de dar a conocer su historia y que otras personas puedan evitar convertirse en víctimas de trata.
La banda que trató a Sofía tenía identificada a toda su familia y la amenazaban con la vida de ellos. Por esa razón, cuando llegó a la Embajada de Costa Rica en Canadá decidió no contar que había llegado al país al creer en una falsa oferta laboral. Los tratantes le habían retenido sus documentos. Les dijo que no tenía identificación y que solo quería regresar al país y el sello de deportada la puso a salvo.
Nunca se supo que Sofía estuvo ocho meses encerrada en una casa, sin salario –salvo un monto ridículo que le enviaban a la familia para no levantar sospechas– ni que tenía que atender a varios hombres por noche contra su voluntad.
Historias como esta no son únicas en Costa Rica. La cantidad de víctimas de trata a nivel nacional y mundial es una incógnita.
Sofía pertenece a una lista de víctimas más grande que lo que revelan los números de los informes anuales que realiza la Conatt sobre la trata de personas en Costa Rica.
En el país, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) acreditó 162 víctimas del 2010 al 2017, según la última actualización de datos de la Conatt; aunque se dice que por cada víctima identificada hay 20 más ocultas, los expertos consultados coinciden en que la cifra es simbólica y el dato real podría sorprender.
Fundación Rahab, por ejemplo, lleva atendiendo en Costa Rica desde 1997 a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, 16 años antes de que existiera una legislación en el país para luchar contra este mal.
«Lo que no se ve, no existe. De lo que no se habla, no existe. Se invisibiliza totalmente», comentó Gina Gordon, coordinadora del Área de Capacitación de Rahab.
El grado de invisibilización que existe alrededor de la trata de personas hace que muchos, incluso las propias víctimas, no conozcan sobre el delito y las que llegan a saberlo no denuncian por temor a las represalias.
Sandra Chaves, coordinadora de la Conatt, estuvo cerca de todos los procesos de registro de afectados y aseguró que ninguna de las 162 víctimas tuvo idea de que estaban siendo los esclavos del siglo XXI.
«¿Cuántas víctimas entienden lo que ocurre si apenas en el 2013 salió la ley y el reglamento en el 2015? ¿Dónde está la capacitación, la prevención de las costarricenses para poder detectar que lo que está viviendo es trata?», cuestionó Mónica Sancho, investigadora del CIEM.
Contrario a Sofía, Marta sí interpuso una denuncia cuando logró escapar. El motor de su empoderamiento fue la posibilidad de recuperar a su hija, quien recién nacida fue arrebatada por los tratantes e inscrita con los apellidos de ellos.
Li no denunció porque pensaba que iba a manchar el honor de su familia en China y tenía miedo que lo hicieran a un lado por demandar a un familiar.
La intervención del ERI hizo posible que Marta matriculara primer grado de escuela por medio del PANI, además de un subsidio del IMAS y terapia psicológica en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). Li, después de una investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), logró escapar y pudo desarrollar su propio negocio en Limón.
«A todas esas mujeres que sufren de maltrato de las personas ¡nunca se queden calladas! Lo que yo pasé no se lo deseo ni a mi peor enemiga, es lo más horrible que puede haber en la vida», fue el mensaje que compartió Marta en una entrevista realizada vía teléfono y coordinada con la Conatt.
En Costa Rica la magnitud del delito se desconoce. Sandra Chaves admite que cuando empezó a hablarse de trata y se formó la Conatt, el Estado no tenía las condiciones para abordar el delito de la forma que debe ser abordado».
Así, mientras las bandas de crimen organizado actualizan sus formas de operar y las autoridades no pueden precisar cuántos casos como los de Sofía, Li y Marta suceden, en Costa Rica apenas se dan los primeros pasos en la utilización de un fondo dedicado a combatir la trata de personas creado desde el 2013, en dar a conocer a la población en general los peligros del delito y que así puedan denunciar y colaborar con un sistema judicial con limitaciones para castigar a los tratantes.
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