Por Rita Valverde
1.400 comunidades viven en zonas de riesgo en el país
- Gestión del riesgo apuesta por ordenamiento territorial como herramienta para disminuir la vulnerabilidad ante amenazas naturales.
- País requiere de mecanismos para agilizar traslados de pobladores que habitan en zonas de riesgo.
En la Finca La Cascabela, en Alajuelita, hace tiempo saben que viven bajo el peligro latente de que sus casas terminen bajo tierra por un deslizamiento. Hace cinco años, 33 de las 56 familias que viven allí recibieron una orden de desalojo por parte del Ministerio de Salud para que abandonaran el lugar, pero al día de hoy ni una sola ha sido trasladada.
La Cascabela es considerada una de las zonas de mayor riesgo en la Gran Área Metropolitana (GAM) y para Gerardina Corrales, así como el resto de familias que viven allí, los años pasan y cada aguacero incrementa el temor de que puedan terminar protagonizando una tragedia como la de Calle Lajas de Escazú, donde hace seis años 24 personas perdieron la vida en un deslizamiento.
Al igual que La Cascabela, otras 1400 comunidades en todo el país viven en zonas expuestas al riesgo por amenazas naturales que están plenamente identificadas, tanto por la Comisión Nacional de Emergencias, como por otras instancias que tienen la información en sus manos desde hace mucho.
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares, en el 2014 se contabilizaban en la GAM unas 562.235 personas que se mantenían en condición de pobreza, entre ellas unas 151.911 estaban en una situación muy vulnerable al impacto de desastres.
A este número de vulnerables hay que sumar aquellas personas que no son pobres pero que igualmente viven en zonas de riesgo. Según cifras de la base de datos «Desinventar», administrada por la Universidad Nacional, en lo que llevamos de la administración Solís Rivera (2014-2016), entre las cuatro provincias de la GAM se han registrado un total de 256 eventos por deslizamiento e inundación.
En estas emergencias, 1.456 viviendas han sido afectadas, 31 calificadas como destruidas y únicamente 62 familias han sido trasladas.
La Comisión Nacional de Emergencias, indica que algunos de los lugares que requieren de una pronta reubicación en la GAM son: el sector de Quitirrisí en el cantón de Mora; las márgenes de la Quebrada Pitier, Quebrada Tapezco en Santa Ana, Alajuelita en el sector de la Cascabela, El Tablazo en Desamparados, zonas cercanas al cauce del río María Aguilar y Barrio Jesús en La Uruca.
Allan Astorga, geólogo y profesor de la Universidad de Costa Rica (UCR), señaló que a pesar de que se cuenta con la información, que advierte cuáles son las zonas donde podría ocurrir un desastre el país la gente sigue viviendo ahí, con la amenaza de que pase un desastre mayor.
en el 2014 se contabilizaban en la GAM unas 562.235 personas que se mantenían en condición de pobreza, entre ellas unas 151.911 estaban en una situación muy vulnerable al impacto de desastres, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares
Pese a los muchos mapas y advertencias que existen, el país no cuenta con un plan de reubicación que priorice el traslado de estas familias a zonas seguras, mientras miles viven tan solo esperando que el anunciado desastre ocurra, y mientras que las soluciones desde el Estado han sido más que insuficientes.
Trampa sin salida
Para las familias que viven expuestas a un desastre la posibilidad de salir del peligro es compleja, ya que para acceder a un bono de vivienda o un proyecto de reubicación se requieren de muchos trámites que les tardan años y no logran concretarse.
“Tenemos cinco años de que nos dieron una orden de desalojo para 33 familias. Aunque sabemos que todos tenemos que irnos nos dicen que La Cascabela tiene prioridad para trasladarse, pero no tenemos donde, no nos han dado una solución”, indicó Gerardina Corrales, vecina de la Cascabela en Alajuelita.
Pese a ello, en los últimos seis años, la reubicación de personas en zonas de alto riesgo corresponde, en su mayoría, a zonas donde el desastre ya ocurrió, como es el caso de Calle Lajas Escazú, el terremoto de Cinchona, los afectados por la tormenta Thomas en 2010 y ahora se sumarán seguramente los afectados por el huracán Otto.
Los requisitos que les piden las instituciones son muchos. Aseguran haber hecho estudios en unas 10 propiedades sin haber conseguido un terreno que les permita acceder a la ayuda del proyecto y poder desalojar La Cascabela.
En La Cascabela, hace varios años se teme que un deslizamiento pueda ocurrir: una parte del terreno ya se deslizó y temen que el barranco avance según sea la magnitud de los aguaceros en cada invierno.
“El problema viene avanzando, cada año agarra un pedazo más. Tenía cuatro años de estar quedito, porque llovía poco, pero este año sí ha llovido suficiente y la parte que había sido afectada se hundió más”, comentó Álvaro Mora, presidente de la Asociación Pro-vivienda de La Cascabela.
Al peligro de derrumbe en esta localidad de Alajuelita, se le suma el hecho de que la comunidad tiene un solo acceso, estrecho, muy inclinado y en malas condiciones; lo que convierten al lugar en una trampa mortal en caso de emergencia, pues muy pocos podrían salir.
Pocos bonos
A nivel de política pública la cantidad de bonos que se entregan bajo la condición de zonas de riesgo no son proporcionales a la necesidad que tiene el país; desde el 2010 han atendido 9.821 casos, entre los que incluyen “Situación de Emergencia” como de “Extrema Necesidad”, ya que el programa de financiamiento es el mismo para ambos tipos de beneficiario. Entre ellos, 509 casos corresponden de las emergencias de Cinchona, tormenta Thomas y Nicoya. Adicionalmente, otros 237 casos fueron tramitados en otros programas de financiamiento correspondientes a las emergencias, para un total de 746 casos en seis años.
El Ministerio de Vivienda (Mivah) asegura que concluirá este año entregado unos once mil bonos de vivienda, de los cuales según datos del Banhvi únicamente 1.007 corresponden a la categoría de situación de emergencia y extrema necesidad.
El Gobierno señala que este ha sido uno de los problemas al que se enfrentan, ya que se cuenta con una cantidad limitada de bonos que supera la cantidad de solicitudes que se pueden atender por año.
“La pregunta es: ¿Quiénes están en más peligro? Se tiene una cantidad limitada, no se puede ayudar a todos, no es posible. Lo que se hace por parte del Ministerio y el Banhvi es velar porque los proyectos de vivienda se construyan en lugares seguros”, comentó Rosendo Pujol, ministro de Vivienda.
“Nosotros tenemos una directriz de beneficiarios ya emitida, que implica claramente evacuar a las personas que están en peligro, es una prioridad de los programas de vivienda de este Gobierno, pero eso se está haciendo formalmente hasta ahora”, agregó.
Lidier Esquivel, jefe del departamento de Prevención y Mitigación de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), asegura que en todos los cantones se tienen al menos dos o tres lugares de muy alto riesgo que necesitan de intervención para el traslado de la población.
Alega que el país requiere de un plan de reubicación para empezar a atender el traslado de personas en zonas de riesgo. “Es un reto, no hay un mecanismo claro. En los casos que se han dado, es porque han existido mecanismos que lo han permitido, pero no hay muchos casos en el que se haya logrado un éxito absoluto”, agregó Esquivel.
Desorden Urbano
El rápido crecimiento de la “mancha urbana” en la GAM y la poca efectividad de las políticas existentes en materia de ordenamiento territorial, son parte de las causas que explican por qué sigue creciendo la cantidad de personas que vive en las zonas de riesgo.
La gestión del riesgo del país apuesta al ordenamiento territorial como una herramienta para disminuir la vulnerabilidad a las amenazas naturales, lo que contrasta con el hecho de que se debe hacer un ordenamiento del territorio, sin forzar los desalojos ofreciéndoles solución de vivienda a las personas.
El país requiere de una actualización de planes y leyes -que datan de hace más de 30 años- y que permitan regular y restringir el crecimiento de la población en zonas seguras. Según la Ley de Planificación Urbana del año 1968, los municipios deben contar con un Plan Regulador; mecanismo que permite controlar y planificar el desarrollo urbano y rural en su área de jurisdicción.
En lo que llevamos de la administración Solís Rivera (2014-2016), según cifras de la base de datos «Desinventar», administrada por la Universidad Nacional, entre las cuatro provincias de la GAM se han registrado un total de 256 eventos por deslizamiento e inundación.
De los 31 municipios de la GAM, únicamente cinco cuentan con un Plan Regulador vigente y actualizado, 11 solo con los estudios de viabilidad ambiental aprobados, otros 13 están archivados en la Setena y otros dos están en análisis.
Las municipalidades concuerdan en que la aprobación de algunos estudios se han vuelto un atraso para su proceso de actualización, especialmente el de la viabilidad ambiental.
Uno de ellos es el caso de la Municipalidad de Desamparados, municipio que cuenta con un plan Regulador vigente desde el 2008 y no posee el estudio ambiental, debido a que cuando se elaboró el plan la metodología para la evaluación ambiental del uso del suelo de los IFAS no había sido oficializada.
Los municipios han señalado que los procesos de revisión por parte de la Setena deben agilizarse ya que los plazos de respuesta y revisión de los estudios ambientales toman largos periodos de tiempo.
“Nosotros presentamos a la Setena una serie de estudios. El expediente nuestro se abrió desde el 2005. Estamos en el 2016 y no nos ha aprobado aún la viabilidad ambiental, por una serie de disposiciones”, comentó Jessica Martínez, directora de Urbanismos de la Municipalidad de Desamparados.
Este gobierno local señala que obtener la viabilidad es urgente para avanzar en el proceso de actualización, ya que si no tienen la viabilidad, no pueden empezar a construir un nuevo plan regulador.
Por su parte, Setena reconoce que ha tenido problemas con sus labores en la revisión de los mismos, sin embargo subraya un alejamiento por parte de las municipalidades con la presentación de los estudios en los últimos años.
“La administración tiene una responsabilidad en cambiar algunas cosas, y eso es parte de lo que estamos tratando de hacer, pero en este momento estamos en eso. No podemos obligar a las municipalidades a venir a que presenten su Plan Regulador, tiene que haber una disposición de ellos”, comentó Marco Arroyo, secretario general de Setena.
El no tener un plan regulador implica que las municipalidades no tengan restricciones para el crecimiento de la población en zonas seguras.
Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, explicó que una municipalidad que no cuente con un Plan Regulador y que solicite permiso para construir una vivienda a la orilla de la carretera o en zonas donde no se vería, se le dice que no, pero el desarrollador o la personas que va a comprar impugna y tiene que dárselo.
Aunque ha habido un rezago con la toma de decisiones en materia de ordenamiento, Montero señala que la problemática que estamos viviendo hoy con el ordenamiento territorial, obedece a un rezago en la toma de decisiones y políticas públicas que permitan una adecuada planificación urbana.
Mecanismo de agilización
Desde enero del año 2015 se está discutiendo un reglamento para agilización de los procesos de revisión y aprobación de los planes reguladores, el decreto ejecutivo 38782, que cuenta con representación de distintas instituciones como el Minae, MAG, Mivah, Mideplan, INVU, Setena y Senara, para la búsqueda de una solución al entrabamiento.
El decreto se encuentra impugnado antes la Sala Constitucional. “Actualmente el decreto para la simplificación de trámites para la aprobación del plan regulador, está impugnado ante la Sala Constitucional. Tenemos una parálisis importante en cuanto a la aprobación de planes reguladores y orientación regional”, explicó Rosendo Pujol, ministro de Vivienda.
El ministro argumentó que para los gobiernos locales, no tener aprobado su plan Regulador, representa un problema importante para la planificación y ordenamiento de sus territorios ya que implica que los alcaldes queden prácticamente al libre albeldrío para hacer cualquier cosa sin una legislación que los oriente.
Allan Astorga, geólogo y profesor de la UCR, declaró que el documento está impugnado debido a que el decreto pretende que, para desarrollar los planes reguladores, se pueda utilizar una metodología distinta a la de los IFAS, que había sido oficializada por Setena desde el 2008.
Distintos sectores señalan que el problema de la metodología de los IFAS es que el país no cuenta con toda la información disponible y necesaria para poderlos aplicar.
Sonia Montero presidenta del INVU, aclaró que la orden del decreto emanó de Casa Presidencial en el año 2015 y buscaba facilitar el proceso de planes reguladores dándoles una moratoria de cinco años para hacer el estudio hidrogeológico que deben de presentar ante Senara.
La urgente actualización del Plan GAM
Durante los últimos 30 años, la población de la GAM ha tenido un crecimiento urbano acelerado, con pocos controles y restricciones. Según el Estado de la Nación, entre 1984 y 2011 la población de dicha zona casi se duplicó, pasando de 1.288.082 a 2.268.248 personas.
El Plan GAM, que rige el ordenamiento territorial de esta ciudad, fue elaborado en 1982, hace más de 30 años; con la intención de tener una regulación del crecimiento urbano. Este plan necesita de una actualización urgente y a pesar de que se han hecho tres intentos, no se han concretado.
“El Plan GAM de 1982 es un plan viejo que responde a un urbanismo muy diferente, esto ha generado que la ciudad no tenga claro en cuáles zonas construir y en cuáles no”, comentó Guillermo Carazo, vicepresidente de la Cámara Costarricense de Construcción.
Aquellos municipios que no cuentan con un Plan regulador deben de administrar el uso del suelo por medio del reglamento para urbanizaciones y fraccionamientos de 1982, una legislación frágil y desactualizada.
Debido a la urgente necesidad del país por actualizar el Plan GAM 82, en el año 2004 el Gobierno decidió emprender acciones para elaborar una nueva propuesta. Ese plan de ordenamiento territorial para la GAM se llamó Prugam y fue rechazado por el INVU por considerar que no cumplía con los requisitos técnicos necesarios y por discrepancias entre el sector público-privado.
Nuevamente el Gobierno Central encargó al INVU la tarea de formular un nuevo plan de ordenamiento territorial que se llamó Potgam, el cual fue presentado en el 2012 y tampoco recibió la aprobación del sector empresarial e institucional.
Una tercera propuesta por parte del Gobierno Central fue asignada esta vez al Mivah y al TEC (como institución que cumplía con el rol de Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo), se hizo una propuesta con los insumos de los dos proyectos anteriores, más que todo del Prugam.
Dicha propuesta fue aprobada oficialmente en el 2014 mediante el decreto ejecutivo 38.145. Hasta la fecha el Plan GAM 2013-2030, que sustituye al Plan del 82, no se ha puesto en práctica debido a que se encuentra impugnado ante la sala Constitucional.
Tomás MartÍnez Baldares, encargado de la elaboración del Plan GAM, argumentó que el plan tiene una acción de inconstitucionalidad interpuesta, sin embargo no lo inhabilita del todo, únicamente en cuatro artículos, de los 76 que tiene el reglamento.
“La acción de inconstitucionalidad que tiene el Plan GAM, no suspende la aplicación de la norma sino únicamente los artículos señalados, sin embargo no ha habido mucho esfuerzo por parte de las instituciones como el Mivah y del INVU por ponerlo en práctica”, explicó.
El Plan propone para la GAM un desarrollo de tipo periférico y articular los conceptos de fragilidad ambiental y anillo de contención urbana, que según señala eran difíciles de dar a entender como los planteaban en los dos planes anteriores de ordenamiento de la GAM.
Testigos del desastre que se pudo prevenir
Las cicatrices de un desastre aún están visibles sobre las laderas que vieron sepultarse a 24 personas en Calle Lajas de Escazú la madrugada del 4 de noviembre del 2010, cuando un deslizamiento en la cima del Cerro Pico Blanco se transformó en avalancha y bajó por el cauce de Quebrada Lajas, sembrando muerte y destrucción. Las familias que lograron sobrevivir al desastre perdieron todo, incluyendo sus hogares. La esperanza que los mantenía después del desastre era que se les ayudara con una vivienda para que abandonaran el lugar que fue identificado como inhabitable. La suerte no fue así, la reubicación vino cinco años después del desastre.
“Empezamos con un proceso de selección. Se nos valoraba para ver si calificábamos para estar en el proyecto de una nueva urbanización. Hubo familias que no calificaron”, recordó María Elena Zúñiga, una de las afectadas.
Aseguran que para que les entregaran las viviendas tuvieron que pasar por muchas negociaciones y presiones de las familias con el Gobierno anterior, las cuales fueron entregadas por grupos y con largos periodos de tiempo. A la fecha aún queda una casa pendiente de entregar.
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